Sin plan B

“No se puede parar, Rubén, no te olvides que todo el país vive de esto”

Crematorio

Las contrapartidas a la intervención del sistema financiero español anunciadas este pasado julio suponen la sociabilización formal de las pérdidas derivadas del modelo económico que España experimentó a lo largo de estos últimos años. Finalmente, será el conjunto de la ciudadanía quien responda por las malas praxis llevadas a cabo por un sistema bancario-financiero que hasta hace pocos meses era, o eso nos decían, el más sólido del mundo.

Durante más de 15 años las administraciones y sus órganos reguladores, los bancos y las cajas, las empresas constructoras, los grandes monopolios privatizados, las empresas promotoras y los grandes grupos de medios de comunicación consensuaron un modelo de crecimiento económico basado principalmente en la especulación del suelo y la financiación del consumo. En pocos años, España se transformó en un gran mercado para el negocio inmobiliario, el consumo y las grandes infraestructuras y obras públicas improductivas. Un modelo financiado con grandes cantidades de crédito proveniente en su gran mayoría de otros países de la Unión Europea (Alemania y Francia, principalmente) y que fue sustentado gracias a la complicidad de buena parte de la clase política, el alto empresariado, el sector bancario y una actitud general de “si te he visto, no me acuerdo”.

Tal y como describe Isidro López en el recomendable libro “CT o la Cultura de la Transición”, el encuentro entre el patrimonialismo español (originado durante el franquismo) y la financiarización internacional dentro del marco de la Unión Europea, originó un consenso general en una “sociedad de propietarios” donde todo debate económico político se simplificó hasta prácticamente desaparecer (el consenso de la burbuja). A pesar de que los salarios bajaran, la precariedad laboral aumentara y se disparasen los niveles de endeudamiento debido a un consumo desenfrenado o para financiar el acceso a un mercado de la vivienda prohibitivo, el consenso económico relativizaba toda señal negativa. Mientras tanto, la economía real continuaba perdiendo competitividad hasta situarse en la cola de la UE. El tejido productivo del país, ya de por sí muy debilitado, se quedaba prácticamente aislado por la falta de inversores y soporte político. Paralelamente, España entera se llenaba de proyectos impulsados con dinero público que supuestamente apostaban por la nueva economía: centros de investigación universitarios, centros tecnológicos, barrios@, parques de innovación, museos, centros culturales, etc… Proyectos arquitectónicos-urbanísticos que respondían a la lógica del ladrillo, sin disponer de estudios de coste-beneficio fiables ni financiamiento a medio-largo plazo para dotarles de contenido y actividad.

Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela

Pues bien, a pesar de que la situación en la que hoy se encuentra España tiene su causa directa en ese modelo – consenso, cada vez son más frecuentes las voces que apuestan por su recuperación para salir de la crisis. En este sentido, la agenda política actual parece retomar la senda de finales de los años noventa con discursos nostálgicos que fomentan el crecimiento urbanístico como uno de los principales activos de la recuperación económica. Estos sostienen que sin la recuperación del mercado inmobiliario la salida de la crisis nunca será posible. Que la solución para reactivar el mercado pasa necesariamente por la adopción de medidas basadas en la liberalización del suelo y en una relajación de la normativa territorial y ambiental actual. Muy lejos queda ya el debate que surgió justo después del pinchazo inmobiliario sobre qué modelo territorial queremos y que replanteaba la relación entre el modelo productivo y el modelo territorial.

Las políticas impulsadas por el actual Gobierno de Rajoy son un ejemplo de estos discursos. Hará prácticamente un año, Cristobal Montoro, entonces jefe del gabinete de economía del Partido Popular y hoy Ministro de Hacienda, avanzaba en un encuentro con la prensa las principales medidas que su partido pensaba aplicar en políticas de urbanismo y vivienda una vez ganaran las elecciones. Esta habrá sido la única vez que el Partido Popular haya presentado abiertamente y de forma general su propuesta de modelo territorial para esta legislatura. Ese día Montoro planteaba la necesidad de impulsar de nuevo el mercado de la vivienda y el sector de la construcción como elemento imprescindible para poder recuperar los niveles óptimos de crecimiento. Entre las medidas presentadas, apostaba por la recuperación de la deducción por compra de vivienda, por una mayor flexibilización en la normativa urbanística y por la liberalización del suelo. Montoro negaba cualquier relación entre la Ley del 98 y el posterior boom inmobiliario pues está prácticamente no pudo desarrollarse debido a la sentencia contraria del TC. Si se hubiera implementado la liberalización del suelo, afirmaba, el principio entre la oferta y la demanda hubiera mantenido unos precios equilibrados del suelo y, en consecuencia, de la vivienda. En realidad, para Montoro, “el boom inmobiliario se originó por el excesivo control del sector público sobre el terreno urbanizable”. Por último, negaba que el crecimiento de la economía española durante aquel período se debiera al sector de la construcción y sí, en cambio, al sector servicios: “España es más que ladrillo”, dijo.

Hasta ahora, el Gobierno ha ido cumpliendo con la agenda marcada ese día y ha aprobado diferentes medidas siguiendo esta dirección. Fue significativo, por ejemplo, que en el primer Consejo de Ministros el único sector económico que salió beneficiado fuera el inmobiliario gracias a la recuperación de la deducción por compra de una vivienda y la reducción del IVA. Tampoco pueden ser olvidadas las ayudas al sector bancario, el principal sector inmobiliario del país. A pesar de haber sido rescatado parcialmente con dinero público, en ningún momento se le ha exigido actualizar sus cuentas de resultados con el valor real de sus activos inmobiliarios. Tampoco se ha querido aprovechar la disponibilidad de suelo y del parque de viviendas de los bancos rescatados para ampliar el parque público de viviendas y consolidar una política de oferta más efectiva, como ocurre en la mayoría de países europeos. Y es que a pesar de que el gobierno utilice eufemismos para definir estas medidas como “políticas de acceso a la vivienda”, su principal objetivo es seguir manteniendo las ayudas la vivienda privada relegando a residual el mercado de vivienda de alquiler. Ni una medida (efectiva y real) para afrontar los problemas de acceso a la vivienda que se arrastran desde hace años o para parar la sangría que hoy suponen los desahucios, práctica que refleja las injusticias que se consensuaron durante el ciclo inmobiliario.

Por lo que se refiere al ámbito territorial, el anteproyecto de la Ley de Costas recién aprobado por el Gobierno o la inminente modificación de la Ley de Suelo suponen una clara apuesta política por una relajación de la legislación en materia de ordenación del territorio y medioambiente con el objetivo de reactivar los sectores inmobiliarios y de la construcción. Anuncios como el nuevo Plan Hidrológico o la moratoria a las energías renovables (siendo la energía nuclear la más subvencionada de España, además de depender totalmente del exterior) son ejemplos de que el Gobierno sigue apostando por un modelo económico que protege los grandes monopolios de la construcción y la energía.

Irónicamente, ha sido la Unión Europea a través del famoso memorando de entendimiento quien ha condicionado el rescate al sector bancario y la revisión del objetivo de déficit a la eliminación de algunas de estas medidas, entre otras, la deducción por la compra de vivienda y la reducción del IVA.

Pero desgraciadamente el discurso que apuesta por una relajación de la normativa urbanística para impulsar de nuevo la actividad económica también ha sido la base de legislaciones aprobadas recientemente en diversas Comunidades Autónomas. Javier Burón recogía hace unos meses en su indispensable blog algunas de estas medidas. Por ejemplo, aquí en Cataluña la aprobación de la modificación de la Ley de Urbanismo, con un amplio soporte por parte de la mayoría de partidos del Parlament, “ajusta y clarifica los grandes principios reguladores del Urbanismo de Catalunya a las circunstancias y necesidades actuales”. Los principales cambios que recoge la modificación se centran en a) facilitar y promover la actividad económica, b) simplificar la regulación y agilizar la tramitación administrativa; y c) adaptar el marco legislativo a las especificidades municipales. Toda una declaración de intenciones para una ley pos burbuja. En general, todas estas modificaciones son poco efectivas pues se basan en un contexto económico y social que ya no existe y que no volverá a existir. Leyes como la catalana son un claro ejemplo de la incapacidad de interpretar (o no querer interpretar) la situación actual. Albert Ariasya escribió sobre esta cuestión en este blog hace unos meses. Aún así, el problema de estos nuevos marcos legislativos (sumados a las modificaciones estatales de la Ley de Costas y la Ley del Suelo) es que pueden facilitar la reactivación de la actividad constructiva en aquellos territorios de mayor valor añadido para el mercado como son la costa o los espacios naturales cercanos a núcleos urbanos. En cambio es inexistente su aportación en la renovación de la metodología y los instrumentos de un urbanismo estático y cada vez más caduco, anclado a unos principios que respondían a una lógica pasada. Sin duda, es necesaria una reactivación del urbanismo pero esta debe partir de una revisión de los fundamentos de la normativa actual, centrándose más en el suelo urbano que en el urbanizable y dando respuesta a diferentes cuestiones como la rehabilitación, la relación con los suelos productivos o los problemas derivados de los excesos pasados.

Desde que el sector financiero español fuera intervenido por parte del Eurogrupo, el ministro De Guindos va repitiendo que España no puede ser rescatada. Que a diferencia de otros países rescatados como Grecia, Portugal o Irlanda, España es productiva y tiene un modelo productivo. Pero en realidad el modelo económico por el que se sigue apostando es el mismo que generó esta crisis. De momento, seguimos sin plan B.

Miquel Pybus

(1) Fotografía Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela: http://www.cidadedacultura.org/articulos/leer.aspx?id=53

Anuncis

3 responses to “Sin plan B

  1. Intreresante reflexión sobre las medidas que el actual Gobierno plantea para la reactivación económica del país: inversión en infraestrucutas, liberalización del suelo, impulso del sector inmobiliario, etc. O lo que es lo mismo tropezar dos veces con la misma piedra, el día de la marmota. El pensamiento único es lo que tiene: plantea soluciones unívocas. Sí hay plan B, C, D, E… Pero eso a este Gobierno como que se la trae al pairo. Pero eso es algo que ya sabíamos…

  2. Retroenllaç: El negocio inmobiliario-especulativo de la nueva Ley del Alquiler | La Trama Urbana

  3. Retroenllaç: El negocio inmobiliario-especulativo de la nueva Ley del Alquiler | La Trama Urbana

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