Entre la excepcionalidad y la informalidad: apuntes para un urbanismo posburbuja

Introducción

El colapso de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica parecieron poner fin al modelo urbano expansivo experimentado en España. Entonces parecían evidentes sus efectos territoriales, económicos y sociales. En ese momento, surgió el debate sobre la necesidad de definir un nuevo modelo de urbanismo, con una menor dependencia de los rendimientos del suelo y su plusvalía, y capaz de transformar los mecanismos orientados a la extensión de la urbanización en nuevos instrumentos que permitiesen desarrollar la regeneración y rehabilitación en suelo construido. Hasta el momento, las respuestas a este nuevo escenario han seguido, a nuestro entender, caminos estériles para un cambio integral, si bien con consecuencias muy diferentes. A nivel institucional, las normativas urbanísticas posburbuja agravan un modelo de transformación sustentado sobre la obtención de plusvalías del suelo meramente especulativas con proyectos que nada tienen que ver con una hipotética estrategia territorial o urbana; proyectos que en su mayor parte son controlados por los agentes del mercado financiero, sin relación con una economía productiva. A nivel no institucional, por otro lado, han surgido nuevas prácticas como respuesta a la crisis. Estas se caracterizan por intervenir en la ciudad consolidada, muchas veces de manera precaria, a veces temporal, y con conceptos como colaboración, autogestión o co-creación en el eje central de los proyectos. Aún así, y a pesar del potencial de muchas de estas propuestas, este urbanismo informal no consigue confrontarse a los instrumentos formales de producción de la ciudad que siguen girando entorno a la apropiación de las plusvalías del suelo. Con este artículo pretendemos volver a poner en el centro del debate del urbanismo algunos conceptos que se han difuminado a lo largo de estas últimas décadas de bonanza y que, a nuestro entender, sirven no sólo para comprender qué ha sucedido sino también para recuperar no-tan-nuevas propuestas.

2. El urbanismo posburbuja: la crisis de la plusvalía

Entre los años 1997 y 2007 la confluencia de un conjunto de factores económicos, sociales y políticos, favorecieron un periodo caracterizado por unos elevados ritmos de ocupación del suelo y un crecimiento extraordinario del sector de la construcción residencial. En pocos años, España se transformó en un gran mercado para el negocio inmobiliario y la construcción de grandes infraestructuras y obras públicas. La economía, impulsada por un intenso desarrollo de la urbanización y la gran facilidad para obtener crédito a bajo interés, llegó a niveles de crecimiento desconocidos hasta entonces. En lo que Isidro López y Emmanuel Rodríguez (López y Rodríguez, 2012) han definido como el consenso de la burbuja, las administraciones y sus órganos reguladores, el sistema financiero, las empresas constructoras y promotoras, los grandes monopolios privatizados y los grandes grupos de comunicación consensuaron un determinado modelo de crecimiento silenciando cualquier debate de cariz económico-política que pudiera cuestionarlo. ¿Quién podría estar en contra de un modelo que incrementó la riqueza españolade los 2 a los 9,5 billones de euros en tan sólo 10 años o que generó más de 8,5 millones de puestos de trabajo situando la tasa de desempleo por debajo del 9% a lo largo de tres años consecutivos?

Aun así, y ya en pleno auge, el modelo presentaba claros síntomas de desequilibrio y de insostenibilidad económica y ambiental. El mercado laboral, por ejemplo, experimentó una mayor precarización y polarización.[1] Los niveles de endeudamiento a nivel privado se dispararon.[2] El incremento del nivel de la riqueza era, en realidad, resultado de la especulación con los activos patrimoniales e inmobiliarios[3] y que terminaron encareciendo hasta límites insólitos el precio de la vivienda dejando fuera del mercado amplias franjas de la población. Aunque se visaran más de seis millones y medio de viviendas, con ritmos anuales superiores a las 600.000 unidades en los años centrales del boom, el precio de la vivienda se disparó, aumentando el doble desde 1998 según datos del Banco de España y registrando crecimientos anuales superiores al 30% en los años más productivos de la burbuja (2002 – 2006)[4]. Esta dinámica supuso, además, otra de las paradojas características de este periodo: una gran cantidad de viviendas vacías que en muchos casos cumplian una función puramente inversora. [5] A nivel territorial los efectos fueron incomparables, por intensidad y extensión, a ningún otro fenómeno de artificialización experimentado en Europa (Romero, 2011). Durante el periodo 1997-2006 se urbanizaron un total de 140.902 hectáreas, lo que supuso una ocupación un 75% superior a la del periodo 1987-2000. En tan solo seis años (2001-2006), la etapa más intensa del boom, la superficie artificializada aumentó un 14,6%, es decir, una media anual de 29.500 ha/año o 3,37 ha/hora[6]. Los territorios que experimentaron un mayor grado de artificialización fueron la costa y los entornos de las grandes ciudades a través de una urbanización difusa altamente insostenible (Esteban, 2006; Magrinyà y Herce, 2007; Muñoz, 2011).

Varios autores han identificado los principales factores que favorecieron la configuración de este modelo de crecimiento (Borja y Muxí, 2004; Fariña y Naredo, 2010; Pérez, 2011; Romero, 2011; entre otros). Una misma idea es común en todos ellos: el binomio entre crecimiento económico y el desarrollo urbano, y el papel fundamental que tiene en esta relación la plusvalía del suelo. Una relación que tiene su origen en la rápida urbanización de los años sesenta y los planes franquistas de convertir en propietarios a la mayoría de la población; y que logra una creciente trascendencia en el modelo de crecimiento económico a medida que la estructura industrial colapsa y los sectores turísticos e inmobiliarios adquieren un mayor protagonismo. Para López y Rodríguez (2010) lo vivido durante la burbuja fue la última metamorfosis de este modelo, que ellos definen como capitalismo hispano: el resultado del encuentro entre el patrimonialismo español franquista y la financiarización internacional dentro del marco de la Unión Europea. Un modelo que nos remite, si bien con ligeras diferencias, a la Growth Machine de Harvey Molotch (1976) con un amplio consenso entre políticos de las diferentes administraciones, propietarios del suelo, inmobiliarias, cajas de ahorro, bancos, constructoras, expertos y medios de comunicación. Una ciudad la economía de la cual depende principalmente de su capacidad de incremento del flujo de rentas y plusvalías inmobiliarias, presuponiendo una permanente preponderancia del valor del cambio de los activos inmobiliarios sobre cualquier otro elemento relativo a sus valores de uso.

La plusvalía [7] como mecanismo para ejecutar la urbanización del suelo fue introducido en la Ley del Suelo de 1956 a causa de la incapacidad de los poderes públicos de acometerla(Matesanz, 2009). Este mecanismo ha funcionado especialmente bien en contextos de extensión urbana y crecimiento económico. El aumento del valor del suelo a través de la reclasificación, de rústico a urbanizable, permite extraer una plusvalía con su transformación, a través de la urbanización y la edificación del mismo. Es precisamente esta plusvalía la que actúa como estímulo al promotor para urbanizar ya que le proporciona un interesante lucro económico a partir de una decisión política. Mientras tanto, la administración participa de una parte de esa plusvalía en forma de aprovechamiento urbanístico, es decir, en forma de calles urbanizadas, cesiones de suelo, etc. Esa participación constituye una base -en teoría- para la redistribución de la riqueza y supone la garantía de que esa plusvalía generada a partir de la acción pública -mediante el urbanismo y su capacidad de clasificar suelo- no quedará exclusivamente en manos privadas. Así, el artículo 47 de la Constitución Española dice claramente que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Aun así, el mecanismo de la plusvalía también ha sido relacionado con procesos de especulación dada su capacidad de generar una renta al propietario de los terrenos reclasificados (Jiménez y Villoria, 2008; Matesanz, 2009; Naredo, y Montiel, 2011; Herce, 2013) e incluso el Parlamento Europeo ha avisado repetidamente de las irregularidades que genera este mecanismo (Parlamento Europeo, 2007, 2008).

La historia del urbanismo español, pues, ha sido una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad a través de la reproducción de la plusvalía del suelo y las expectativas que ésta genera. Fijando sus objetivos en función de los rendimientos del suelo y las ganancias que se producen, percibido más como un sector económico que como un instrumento para desarrollar políticas o mejorar la vida de los ciudadanos. El escenario posburbuja pone en cuestión este modelo de desarrollo y abre un debate sobre cómo debe ser un urbanismo en el que la reproducción de la plusvalía como elemento clave para su viabilidad económica queda en suspenso.

3. Un urbanismo sin plusvalías, sin respuestas

Hasta el momento, las respuestas dadas ante este nuevo escenario han sido, a nuestro entender, polarizadas. Por un lado, la administración que desarrolla nuevos marcos legales para reanimar y resituar el sector inmobiliario al contexto actual. Por otro, las acciones de distintos colectivos que llevan a cabo distintas prácticas de intervención urbana muy situadas en espacios en desuso o sin edificar de la ciudad.

3.1 Respuestas institucionales

Como apuntábamos, varias administraciones públicas con competencias en urbanismo y ordenación del territorio han intentado adaptarse al nuevo escenario impulsando reformas legales. Pero dichas reformas, lejos de  impulsar un cambio de paradigma en la práctica del urbanismo, parece que profundizan más en el modelo que ha estado vigente hasta este momento. Lo ilustramos con dos ejemplos: el primero, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (LRRRU) que supone un primer intento para definir un marco normativo integral y específico para la transformación urbana en la ciudad consolidada. Y el segundo, la modificación de la Ley de Urbanismo de Cataluña que insiste en el crecimiento urbano a partir de proyectos singulares de interés económico.

La LRRRU: la vuelta a la ciudad

Así pues, en Junio de 2013, el Estado aprueba la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRRU) y las modificaciones que ésta conlleva en la Ley del Suelo (2/2008). En su preámbulo, se reconoce que en los últimos años el urbanismo se ha centrado en la expansión y producción de nueva “ciudad”, lo que ha producido un desequilibrio respecto a las actuaciones en los tejidos interiores de las ciudades, necesarias para generar bienestar económico y social. En este sentido, la Ley pretende crear un marco legal bajo el cual se garantice la viabilidad económica y técnica de las operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, anteriormente inexistente según la propia LRRRU. Es importante subrayar que la voluntad de corregir el “equilibrio perdido” se da precisamente en un momento en que ya no es posible seguir extendiendo la ciudad, dada la crisi de la plusvalía. En consecuencia, la mirada se vuelve hacia la transformación de la ciudad consolidada, por lo que podría interpretarse como un intento de reubicación de la actividad inmobiliaria, pasando de la creación de nueva urbanización a la renovación de la existente.

De esta manera, más allá de las buenas voluntades expresadas en el preámbulo, la LRRRU habilita mecanismos focalizados en aumentar la plusvalía en los proyectos de transformación urbana en la ciudad consolidada, la apropiación por parte de los agentes privados y la reducción de la participación pública en la misma, en un contexto en el que se asume que las ayudas públicas van a ser escasas. Por ejemplo, se reducen las reservas de suelo para dotación de viviendas en régimen de protección, que en actuaciones en suelo consolidado pasan de un mínimo del 30% a un 10% (artículo 10.1.b de la modificada Ley del Suelo). También se exime el deber de nuevas entregas de suelo en las actuaciones sobre zonas urbanas degradadas en los casos en que, de hacerlo, esa transformación urbana dejase de ser económicamente viable (artículo 16.4 de la modificada Ley del Suelo). Finalmente, posibilita redensificaciones de m2 construidos sobre espacios públicos para usos privados como los de ascensor, dispositivos bioclimáticos, vestíbulos, descansillos, etc (artículo 10 de la LRRRU). De esta manera, si la plusvalía es el motor de las transformaciones urbanas, se trata de garantizar que este siga revolucionando y bien engrasado. En palabras de Iñigo Maguregui[8], el objetivo de la LRRRU pueden llegar a ser esencialmente la transformación urbana en sí misma, más que la resolución de determinadas problemáticas ambientales, sociales, o de recuperación del equilibrio esgrimido en su preámbulo. Esto se debe a que la LRRRU sigue incorporando la visión del urbanismo como sector económico. Así, en su preámbulo se insiste en el objetivo de crear un marco para la reconversión del sector de la construcción pero también como estímulo del sector turístico, dando a entender que la renovación del interior de las ciudades es un factor necesario para el crecimiento de este sector[9]. Construcción y turismo son ya dos viejos conocidos.

Las áreas estratégicas: nuevos territorios de excepción

Las miradas hacia el interior de las ciudades van acompañadas todavía de actuaciones de expansión urbana, bajo ciertas condiciones y a pesar de los años de expansión ya acumulados. Así pues, la conocida como “Ley ómnibus” de urbanismo de Cataluña (Ley 3/2012) modifica la anterior Ley de Urbanismo 1/2010 para incorporar las “áreas de interés supramunicipal”. Estas nuevas áreas permiten, via Plan Director Urbanístico, clasificar nuevo suelo para el desarrollo de proyectos de relevancia económica, social o por su singularidad. Así, si finalmente se hubiera desarrollado el proyecto Eurovegas en el Delta del Llobregat, esta puerta es la que hubiera permitido aprobar la artificialización de entre 200 y 800 hectáreas de un espacio de elevado valor natural y agrícola y que la planificación vigente hasta ese momento protegía de ser urbanizado.

También amparándose en esta figura, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad (TES) de la Generalitat de Catalunya ha propuesto recientemente el desarrollo de “diez zonas estratégicas” sobre las que impulsar de manera rápida sendos proyectos de transformación urbana. Dentro de este paquete de proyectos encontramos ejemplos tan variados como BCNWorld, el Centro direccional de Cerdanyola, el Polígono Industrial del Cuero de Igualada-Jorba, y zonas logísticas o de actividad ligadas a infraestructuras como el aeropuerto de Girona o el circuito de velocidad de Montmeló. La Generalitat de Catalunya justificó estos desarrollos enmarcándolos en una reforma prevista por el propio TES, que incluiría la creación de una oficina de proyectos estratégicos para el impulso de los diez, además de la adaptación de la normativa referente a los planes territoriales y urbanísticos con el fin de adaptarse a los “tiempos de crisis”. Sin embargo, no se justificó su necesidad para una mejor vertebración territorial ni como la mejor solución después de haber analizado las opciones de ubicar estos proyectos en zonas ya urbanizadas pero sin o con poco uso. Así, en este caso la adaptación pasa nuevamente por una modificación legal que facilite la extensión urbana a través de la desregulación de las normativas ambientales y urbanísticas. En este sentido, con los diez proyectos de crecimiento singular se reitera la pérdida de la idea del territorio como recurso complejo con dimensiones naturales, sociales, etc. y con potencialidad de estructuración regional, para ser leído únicamente como soporte de actividad económica. Según el Conseller Vila refiriéndose a las diez zonas estratégicas, “se trata de que la administración pública sea una aliada del impulso económico” (La Vanguardia, 29/05/2013)

De algún modo, asistimos a una oleada de un urbanismo posburbuja que sigue centrado en un desarrollo económico vinculado a la rendibilidad de la propia operación urbanística y no en el fomento de actividades productivas que permitan la mejora de las condiciones de vida de la población. A la vez, el desarrollo urbano se concibe como una suma de fragmentos en los que la coherencia y el encaje territorial pueden llegar a obviarse. Así pues, la adaptación del modelo vigente de momento esta siendo una profundización del mismo, que busca reforzar la garantía de plusvàlua como vía para realizar las transformaciones urbanas.

3.2 La emergencia del urbanismo autogestionado

En un mundo a parte de las leyes de urbanismo y del suelo, asistimos a la proliferación de unas prácticas urbanas que contrastan con el urbanismo basado en la plusvalía de la última década.  “Esto no es un solar” en Zaragoza, el Campo de la Cebada en Madrid, el solar de Germanetes en Barcelona, la explosión de huertos urbanos e incluso la cesión de grandes espacios como equipamientos sociales autogestionados (Tabacalera, Can Batlló) podrían ser algunos ejemplos en España de lo que nos estamos refiriendo. Aunque estas prácticas tienen largas raíces, no es casual su emergencia en España después de la crisis económica del 2007.

Las movilizaciones impulsadas por V de vivienda constataron ya en el 2004 el fracaso de la política de vivienda focalizada en la producción de oferta (vivienda de propiedad) sin tener en cuenta las dificultades al acceso y, más adelante, pronosticaron también el estallido de la burbuja. Posteriormente, la indignación ciudadana que se canalizó en las plazas fue el ensayo a gran escala de un uso del espacio público como espacio de reivindicación de derechos, como ágora de debate y como espacio de socialización y encuentro. También como espacio contenedor de construcciones temporales y sus infraestructuras móviles. En la mayoría de las grandes ciudades españolas a lo largo de mayo del 2011 se produce un reencuentro con lo urbano en los términos que los describe Lefebvre:

“Podríamos, pues, definir lo urbano como lugar de expresión de los conflictos, invirtiendo la separación de los lugares en que desaparece la expresión, en que reina el silencio, en que se establecen los signos de la expresión. Podríamos también definirlo como lugar del deseo, lugar donde el deseo destaca sobre las necesidades, donde se concentra porque se conoce, donde tal vez (posiblemente) se hallan Ergos y Logos”. (Lefebvre, 1972: 181)

La ocupación de plazas se replicó también en muchos barrios y la actividad de sus asambleas locales mutó hacia nuevos huertos urbanos, mercados de intercambio, ocupaciones de viviendas y otras reapropiaciones del espacio público. La Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha resignificado las ocupaciones de vivienda de los movimientos contraculturales hacia la resolución de necesidades habitacionales urgentes en un marco amplio de reivindicación del derecho a la vivienda.

Estas formas de resignifcar el espacio público y la vivienda como espacios de socialización y reivindicación de derechos unido al parón de la construcción y el cuestionamiento del cómplice papel del arquitecto en la depredación del territorio, ha inducido la emergencia de nueva gramática urbanística.  Dentro de la teoría y la práctica urbana, han recibido nombres diferentes como urbanismo P2P (Salingros, 2010), guerrilla urbanism (Hou, 2010), urbanismo táctico (Lydon, 2010; 2013), pop up urbanism, Do It Yourself (DIY) urbanism (Iveson, 2013), usos temporales de espacios en desuso (Németh y Langhorst, 2013), placemaking (Project for Public Space), etc. Aunque cada enfoque tiene sus orígenes, gurús y particularidades, creemos que todos ellos comparten algunos elementos comunes que nos dan cuenta de la emergencia de un urbanismo autogestionado. Por un lado, en muchas de estas experiencias resuenan las prácticas del movimiento situacionista (Ivain, 2006), la informalidad urbana presente en las ciudades del sur global (Porter, 2009) o las diferentes propuestas renovadoras críticas con el urbanismo moderno y con una fuerte apuesta por la participación de los ciudadanos en la construcción de la ciudad (Martí-Costa, 2009). Por el otro, muchas de ellas comparten en la actualidad formas que subvierten los procedimientos actuales de planificar la ciudad. A continuación destacamos algunas de ellas:

  • Más que la construcción de obra nueva, hay una clara orientación hacia la rehabilitación, la reapropiación, el reciclaje de espacios urbanos y materiales en desuso o infrautilizados.  Así,  la mayoría de estas intervenciones se centran en pequeños y medianos espacios públicos, la reutilización de viviendas,  bloques o equipamientos sociales.
  • Aunque pueda existir una estrategia, las intervenciones no se inician con un plan detallado donde se establezcan los usos, las fases, el plan económico, etc. Prima una lógica incremental. Se inician con pequeños tests o actuaciones y se valora en función de los resultados, las posibilidades y las necesidades a corto y medio plazo. Más que planificar se interviene, se prueba y se valora.
  • Sobre la temporalidad: Ya sea por la precariedad de recursos, por las amenazas de desalojo o bien por la propia filosofía de los proyectos, a veces estas intervenciones pueden tener un componente temporal. Otras veces más que temporal es más bien móvil o efímera, tanto para facilitar su traslado a otros espacios como para su adaptación a los cambios en los usos y procesos sociales donde se desarrollan.
  • No se responde a ningún tipo de planificación centralizada, prima la autonomía y la descentralización. Normalmente las intervenciones son impulsadas por vecinos y activistas, pero también es posible el apoyo de la propia administración, comerciantes o bien una combinación de diferentes actores.
  • Prevale la lógica peer to peer, es decir la cooperación y la horizontalidad entre iguales. Las acciones se desarrollan de forma colectiva con la complicidad activa de los usuarios, no solo en el diseño, sino en el propio proceso de (re)construcción del espacio, elaboración de sus componentes y sus mutaciones. Esto implica la deconstrución del papel del arquitecto y su reconfiguación como habilitador de procesos y contribuidor de conocimientos técnicos que se mezclan con los saberes técnicos de otros expertos y los conocimientos situados de los habitantes.
  • Se pueden desarrollar en espacios de titularidad pública o privada, lo importante no es tanto la titularidad sino el uso. Así, a veces se actúa en la legalidad, otras en la ilegalidad y algunas en la alegaliad o bién con permisividad de las administraciones.

Estas experiencias están aportando en la actualidad algunas de las ideas más renovadoras sobre como actuar sobre la ciudad. Por un lado, pueden cortocircuitar, ni que sea temporalmente, el continuo ciclo de la generación de plusvalía urbana basada en la obsolescencia urbana, inversión e intervención continuo en la ciudad consolidada. El valor de uso prima sobre cualquier otra consideración. Por el otro, cuestionan  los procesos de planeamiento vigentes y la diferenciación entre aquellos que piensan los espacios urbanos (arquitectos, urbanistas) y los que los usan.

Sin embargo, a pesar de la renovación que suponen estas prácticas, algunos autores, como Mayer (2013), se preguntan si este tipo de prácticas de urbanismo autogestionado son realmente transformadoras o si son más bien funcionales a lo que se ha denominado el urbanismo de austeridad (Peck, 2012) en el desarrollo del neoliberalismo en la crisis. Es difícil generalizar debido a su gran diversidad, seguramente su potencial transformador dependerá de su capacidad de trabajar en red e incidir políticamente más allà de sus propios espacios. De un modo preliminar, podemos apuntar algunos límites que actualmente muestran estas prácticas en relación a algunas problemáticas que hemos apuntado anteriormente. En primer lugar, la mayoría de ellas se concentran en la ciudad consolidada. Tal y como reconoce el propio Lydon , uno de los impulsores del urbanismo táctico hablando de EUA: “Theoretically, tactical urbanism can be applied to the arterials, parking lots and cul-de-sac of America. Yet, the best examples are consistently found in compact towns and cities featuring undervalued/underutilized supply of walkable urban fabric” (Lydon, 2012: 3). En este sentido, tanto la nueva LRRRU cómo estas prácticas autogestionadas habitualmente se concentran en aquellas áreas que aún pueden tener algún valor des del punto de vista del mercado inmobiliario. ¿Qué pasa entonces con aquellos territorios dispersos o de baja densidad donde no hay un capital social suficiente para impulsar este tipo de experiencias?

Por otro lado, debido a su alto grado de descentralización, los efectos beneficiosos de estas intervenciones se circunscriben por ahora en los propios espacios territoriales donde se desarrollan. ¿Cómo se pueden articular mecanismos redistributivos de la renta diferencial de los territorios bajo esta perspectiva? ¿Cómo renovar el compromiso ético del urbanismo para abordar las cada vez más profundas desigualdades socio-territoriales, entre aquellos territorios ganadores y perdedores de la nueva geografía económica global?

Finalmente, debido a su carácter autónomo, estas experiencias no persiguen directamente cambios institucionales, en el sentido de cambios en leyes o en las instituciones que regulan los usos del suelo, los mecanismos de generación de plusvalía y su distribución. En este sentido, actualmente su potencial renovador se basa muchas veces en su capacidad de generar conflicto con unas instituciones inmovilistas  que defienden la propiedad por encima de su función social o un urbanismo tecnocrático alejado de las necesidades de los habitantes. Sin embargo, es difícil pensar una sostenibilidad de estas experiencias sin una mínima complicidad de las instituciones públicas, ya sea por pasividad de las mismas a la hora de reprimir las experiencias o porque acaben dándo algún tipo de apoyo. Así, queda la duda de si su potencial transformador puede ir más allá de ellas mismas si no se incide de forma más directa en las estructuras, instituciones y dinámicas que posibilitan la producción y reproducción de la ciudad cada vez más dependiente del capitalismo financiero.

4. Apuntes para una agenda futura

A lo largo del texto hemos dejado claro que vivimos en un momento clave para la práctica del urbanismo. La lógica de la plusvalía, que ha vertebrado el territorio y las ciudades durante todos estos años, carece hoy de posibilidades de reproducción. La respuesta a esta crisis ha generado una reacción polarizada. Por un lado, la promoción hiperbólica de proyectos que sólo tienen sentido en un marco financiero global y con un altísimo coste de oportunidad para el territorio entendido más allá de los límites administrativos. Eurovegas, BCNWorld u otros megaproyectos franquiciados que nada tienen que ver con estrategias integrales para afrontar cambios estructurales sino más bien intentar quemar las últimas ramas del árbol caído a costa del gasto público. En el otro extremo se evidencian renovadas prácticas urbanísticas de microtransformaciones, de recuperación temporal de espacios, de diseño colaborativo y de gestión de recursos sobrantes. Todas ellas con muy buenas intenciones y a través de una manera renovada de hacer ciudad que, sin embargo, no es capaz de ofrecer una respuesta sólida, duradera ni relevante a los problemas socioeconómicos derivados de la crisis. En definitiva, ninguna de las dos vías incide en las problemáticas que, a nuestro entender, son hoy prioritarias en materia de política urbana y territorial: la degradación y el abandono de los centros históricos; la densificación y la mejora de la accesibilidad de las urbanizaciones dispersas semi-vacías; la dotación de servicios e integración de los nuevos barrios construidos durante el boom; la pérdida de diversidad social en los barrios más afectados por la crisis; el modelo de movilidad; los retos energéticos, entre muchas otras.

Queremos compartir a modo de conclusión algunas reflexiones para abrir el debate sobre la necesidad de institucionalizar una práctica del urbanismo como instrumento político que pueda hacer frente a las necesidades actuales sin correr el riesgo de volver a caer en las garras del circuito secundario del capital. No pretendemos ser exhaustivos en el ejercicio. La mayoría de las propuestas ni siquiera permiten su ejecución inminente y muchas requieren cambios legislativos. Sin embargo, consideramos este un momento oportuno para recuperar algunos conceptos olvidados, para rearmar otros existentes y para arrojar algunas ideas con el fin revisar la gramática del urbanismo.

Y no podemos sino empezar con la reivindicación del uso del concepto de plusvalía. Nos parece alarmante que un concepto central durante la crítica al urbanismo de los años setenta y ochenta, también en nuestro país, haya desaparecido de nuestro vocabulario y de nuestra conciencia política. Para muestra el hecho que en toda la ley de Urbanismo de Catalunya (Llei 3/2012) aparezca la palabra plusvalía una sola vez y sea para parafrasear el artículo 47 de la CE y remitir a la Ley del Suelo (RDL 2/2008). Así pues, en primer lugar, lo que habría que hacer es recuperar un concepto clave que sirve para explicar cómo ha funcionado el urbanismo en las últimas décadas, tal y como hemos explicado.

Esta voluntad de empujar el concepto de la plusvalía al centro del debate también atañe a un clamor para que el urbanismo y la gestión del suelo sean indivisibles. Para ello proponemos un urbanismo que no legisle solamente sobre los usos, la urbanización y la edificación del suelo sino que legisle explícitamente también sobre el valor de este. Discutimos horas sobre los parámetros de edificabilidad, sobre la integración de tejidos, sobre el impacto en el paisaje… pero debemos ser plenamente conscientes en todo momento de que con ello generamos variaciones sobre el valor del suelo. Y con ello, movilizamos los intereses de los agentes urbanos. Por contra, de bien poco sirve una política de suelo totalmente desvinculada de las políticas territoriales como ha venido pasando en Catalunya con la promoción de polígonos industriales o de las Áreas Residenciales Estratégicas, por poner dos ejemplos. En definitiva, se nos hace muy difícil diferenciar el urbanismo de la clásica tríada “forma, función y estructura” del urbanismo crítico preocupado por los efectos derivados de los desajustes entre el valor de uso y el valor de cambio. La geometría y la producción social deben ser considerados co-constitutivos. La forma y la función urbana, y su distribución en el territorio, son generadores de riqueza. Lo que debería encabezar la lista de prioridades es cómo redistribuir esta riqueza.

Con esto, debemos considerar el urbanismo como instrumento político evidenciando el potencial de éste como herramienta para el cambio social. Si pensamos que el urbanismo sólo reproduce la estructura social dominante, lo convertimos en correa de transmisión del proceso de especulación y de la explotación de las rentas monopolísticas agravando directa o indirectamente la desigualdad social (Harvey, 1977). Romper con el carácter tecnócrata y absolutista de la práctica urbanística supone reafirmar que no sólo intervenimos en el espacio sino que producimos este espacio (Lefebvre, 1972; 1974). Y con ello reivindicar que toda intervención tiene unos efectos distribuidos que van más allá del territorio intervenido, afrontando el espacio – el territorio – como una “totalidad como relacionalidad interna” (Harvey, 1977: 322). Un territorio que es construído por múltiples relaciones en un lugar y tiempo concreto, en el que cualquier modificación en una de las esferas muy seguramente tendrá repercusiones en el resto de ellas (Graham & Healey, 1999). Reclamamos, pues, una visión ecológica de la ciudad de carácter heterogéneo (Thrift, 1999) que tenga en cuenta no sólo el balance de los factores naturales, sino también de los factores humanos, materiales y simbólicos; de las presencias pero también de las ausencias. Para ello se requiere un cambio epistemológico, unavisión ampliada del urbanismo y la inclusión y resignificación de disciplinas hoy marginales en su concepción y práctica hegemónica. Unas disciplinas – geografía, sociología, economía, antropología, etc. – que deberán  reivindicarse, no sin antes renovarse si quieren un lugar central en el urbanismo. Estas deberán superar el victimismo y reclamar posiciones centrales del proceso de producción del espacio, huyendo de las cómodas posiciones en los momentos de diagnosis previos no vinculantes y en las críticas posteriores.

Creer que sólo estamos aplicando normas, leyes y protocolos nos convierte en cómplices por inanición de un sistema que no funciona. Resignificar y reivindicar un carácter social del urbanismo está en nuestras manos y lo está a través de una práctica renovada. Por ello es tan importante que surjan iniciativas como las que hemos revisado, iniciativas con nuevas miradas, con una epistemología que no teme el conflicto, que piensa y actúa de la mano de las luchas por una nueva cultura del territorio (Montaner y Muxí, 2013). Y lo hace de forma colaborativa, bajando del pedestal para trabajar conjuntamente con los actores implicados, generando acción comunicativa y espacios para la dialéctica, unos espacios de negociación que deben cambiar según el contexto, huyendo de protocolos y de representaciones prefabricadas, apostando por marcos de trabajo situados (Healey, 1997). Pero más importante que su propia existencia es, en nuestra opinión, la necesidad de institucionalizar este cambio para salir de la precariedad y de la marginalidad sin perder de vista los motivos por los cuales emerge. Apostar por nuevas gramáticas en las que la diferencia gane la partida a lo absoluto, pensando un territorio de forma integral y relacional.

La Trama Urbana

Publicado originalmente en “Discursos emergents per a un nou urbanisme” Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, n. 57, pp. 55-62, 2014. http://www.iermb.uab.es/htm/revistaPapers_numeros.asp?id=62


 

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[1] Entre 1995 y 2007, por ejemplo, los salarios medios reales de los trabajadores residentes decrecieron en términos reales un 10% (Rodríguez López y López Hernández, 2011). Y aunque es cierto que durante la burbuja se crearon un total de 8,1 millones de nuevos empleos, lo que supuso alcanzar las tasas de desempleo más bajas de la història de España. Un 20% de este incremento se originó en el sector de la construcción y más del 50% en actividades de baja productividad y baja cualificación (Romero, 2011).

[2] En el año 2000 la deuda privada en España (familias y empresas)  equivalía a un 88% de su PIB nominal; en 2011 superaba el 167%. No fue el caso de la administración pública que, contrariamente a lo que se cree, redujo sus niveles de endeudamiento hasta el 36,3% del PIB en 2007, por debajo de la media Europea. No fue hasta el estallido de la crisis, la presión financiera sobre la compra de deuda pública, la socialización de las pérdidas del sector financiero-immobiliario vía rescates y la hipoteca que supuso apostar por proyectos arquitectónicos-urbanísticos-infrastructurales que respondieron a la lógica del ladrillo y no a un análisis de coste-beneficio en función de su retorno social, que el endeudamiento de las administraciones se incrementó hasta llegar en 2012 al 84,2% del PIB

[3]Según un estudio publicado el año 2008 por FUNCAS (Fundación de Cajas de Ahorro), entre el 1997 i 2007 el valor de las viviendas construidas en España se multiplicó por cuatro, al pasar de los 1,3 a los 5,1 billones de euros. Evidentemente, este incremento supuso un aumento de la riqueza española que en tan solo 10 años pasó de 2 a 9,5 billones de euros. Según el mismo estudio, el 66% de este incremento tuvo su origen en la revaloralización de los activos inmobiliarios. El patrimonio de los hogares españoles también incrementó su riqueza en prácticamente 6 billones en 12 años. Un 76% de este incremento estaría directamente relacionado con el patrimonio inmobiliario urbano. Al finalizar el período, el 80% del valor patrimonial de las familias estaba formado por viviendas, inmuebles y solares, al mismo tiempo que más del 80% de las familias tenía una vivienda en propiedad.

[4]Datos extraídoss de López Hernández, I. y Rodríguez López (2010) Fin de Ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010) Madrid: Traficantes de sueños.

[5]Según los primeros resultados del Censo de Población y Viviendas, el número de viviendas vacías en España a aumentado en 336.943 (un incremento del 10,8%) entre 2001 i 2011, situándose en 3.443.365 sobre un parque total de 25.208.623 unidades.

[6] Datos publicados por El Observatorio de la Sostenibilidad, clausurado recientemente por falta de fondos, a partir de los datos extraídos del proyecto europeo Corine Land Cover.

[7] Para tener una visión urbanística y geográfica del concepto de plusvalía tomamos la definición de Zoido et al (2013: 306): Acrecentamiento del valor de una cosa por causas extrínsecas a ella. La generación de plusvalías en la ciudad es corriente, dada la tendencia al crecimiento de los núcleos, con lo que las áreas inicialmente periféricas ganan centralidad con el paso del tiempo. También con el trazado de las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) es común que se generen plusvalías en lugares que pasan a tener mayor accesibilidad […].  Nos gustaría añadir que centralidad y accesibilidad son también conceptos extrapolables a áreas centrales consolidadas. Basta pensar en una nueva estación de metro o en la mejora del espacio urbano para evidenciar el aumento del valor del suelo edificado.

[8] Urbaniker,http://urbaniker.net.   La viabilidad económica en las actuaciones sobre el medio urbano (I) Entrada de 05/06/2013. (Última visita 28/10/2013)

[9] En la primera página del preámbulo de la LRRRU, se dice que “La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro relevante papel que jugar en la recuperación económica, coadyuvando a la reconversión de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el turístico”.

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2 responses to “Entre la excepcionalidad y la informalidad: apuntes para un urbanismo posburbuja

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